Argentina y la vuelta del negacionismo: la verdad y la memoria frente al poder que la niega

Memoria y verdad. La negación de la historia vuelve a Argentina

En 1984 viajé a Buenos Aires como secretario general de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Llevaba una documentación, reunida por muchos compañeros durante mucho tiempo: testimonios de familiares de desaparecidos, entre ellos ciudadanos españoles y sus descendientes, hijos y nietos que habían perdido el rastro de sus padres o abuelos en algún centro clandestino de detención, una lista amplia, muy amplia de victimas de la Dictadura Militar argentina. La CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, estaba en pleno trabajo de investigación. La presidía Ernesto Sábato. A él y a los otros miembros de la Comisión, le entregamos esa lista, en una reunión oficial que después quedó recogida en el propio Informe Nunca Más.

Unos meses antes de ese viaje, en plena dictadura, habían llegado miles de postales a la sede de la Asociación. Las enviaba, de forma orquestada, la propaganda del régimen militar. Negaban lo que nosotros denunciábamos. Decían que no había desapariciones, que no había represión sistemática, que se trataba de una campaña de desprestigio contra un gobierno que combatía el terrorismo. Guardé algunas de esas postales durante años. No como curiosidad de archivo, sino porque entendí pronto que la negación no es un fenómeno pasajero, sino una estrategia que se repite cada vez que el poder necesita borrar lo que hizo.

Cuarenta y dos años después, esa estrategia ha vuelto a Argentina, esta vez desde el propio gobierno de Milei.

Lo que la CONADEP documentó y lo que el Nunca Más estableció

La CONADEP se creó el 15 de diciembre de 1983, apenas días después de que Raúl Alfonsín asumiera la presidencia tras el retorno a la democracia. Durante nueve meses recibió denuncias, testimonios y pruebas sobre el destino de las personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar que había gobernado el país desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El 20 de septiembre de 1984 entregó sus conclusiones a Alfonsín. El informe documentó 8.961 casos de desaparición forzada y la existencia de cientos de centros clandestinos de detención. Fue la base probatoria del Juicio a las Juntas, celebrado en 1985, en el que se condenó a los responsables de las tres primeras juntas militares.

La cifra de 8.961 nunca fue definitiva. La propia CONADEP la calificó de lista abierta, construida a partir de denuncias que llegaban a un ritmo desigual, muchas veces de familias que tardaron años en atreverse a hablar. El símbolo de los 30.000 desaparecidos, que empezó a circular durante la propia dictadura como estimación de las denuncias que se estaban recibiendo dentro y fuera del país, se convirtió con el tiempo en la referencia que sintetiza la magnitud de un plan sistemático cuyo alcance exacto, por su carácter clandestino, nunca podrá conocerse con precisión absoluta. 

Entre las víctimas hubo también ciudadanos extranjeros. Un informe oficial posterior identificó 61 españoles nativos entre los desaparecidos, y muchos descendientes, cifra que las familias y las asociaciones afectadas consideran incompleta, precisamente por las limitaciones de un registro que dependía de que alguien, en algún lugar, hubiera podido y querido denunciar.

El reconocimiento internacional y los Juicios de la Verdad

El Nunca Más tuvo una repercusión que trascendió las fronteras argentinas. Se convirtió en referencia para comisiones de la verdad posteriores en distintos países y en documento de consulta obligada para investigadores, tribunales y organismos de derechos humanos de todo el mundo. Décadas más tarde, en 2023, el Museo Sitio de Memoria ESMA, antiguo centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ingresó en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ese reconocimiento situó el terrorismo de Estado argentino, y la desaparición forzada de personas como método represivo, dentro del patrimonio histórico que la comunidad internacional considera necesario preservar y no discutir.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas a finales de los años ochenta, y los indultos posteriores, frenaron durante más de una década la posibilidad de juzgar a buena parte de los responsables. Ante ese vacío surgieron, a partir de 1998, los llamados Juicios de la Verdad: procesos judiciales sin capacidad de condenar penalmente, pero con la función de establecer judicialmente qué había ocurrido con cada víctima, quién había dado las órdenes y quién las había ejecutado. 

Cuando en 2003 el Congreso declaró la nulidad de esas leyes y la Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de los indultos, el terreno que habían preparado los Juicios de la Verdad permitió reabrir causas penales. Desde entonces se han celebrado más de 300 juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, con casi 1.200 represores condenados por secuestros, torturas, abusos, asesinatos y el robo sistemático de niños nacidos en cautiverio.

Ese recorrido, de la comisión de investigación al juicio penal, no se construyó en un solo acto. Se construyó década a década, con retrocesos incluidos, y siempre gracias a la presión sostenida de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, de los otros organismos de derechos humanos y de las familias que nunca dejaron de reclamar. Nada de esto estaba garantizado de antemano. Tampoco lo está ahora.

 

El retroceso que vuelve con otro nombre

El gobierno de Javier Milei ha reintroducido en el discurso oficial fórmulas que la propia dictadura utilizó para justificarse. Durante la campaña de 2023, Milei afirmó que no fueron 30.000 los desaparecidos y que durante los años setenta hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos. La Secretaría de Derechos Humanos respondió entonces que esas frases retrotraían al lenguaje que los propios responsables de los crímenes usaron después para buscar impunidad, y recordó que la cifra simbólica de 30.000 nunca pretendió sustituir la investigación judicial, sino nombrar una magnitud que el carácter clandestino de la represión hace imposible fijar con exactitud matemática.

En marzo de 2026, al cumplirse cincuenta años del golpe de Estado, el gobierno difundió un video oficial que proponía sustituir el Día de la Memoria por un día de Verdad y justicia completa, bajo la idea de que si el Estado juzga a los responsables de la dictadura debe juzgar también a las organizaciones armadas que combatieron contra ella. Es la vieja teoría de los dos demonios, la que equipara la violencia de un aparato estatal clandestino con el accionar de grupos guerrilleros, borrando la diferencia esencial entre un plan sistemático ejecutado desde el poder del Estado y actos cometidos por organizaciones que no disponían de ese poder. Esa misma semana, cientos de miles de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo, la mayor movilización que se recuerda en esa fecha, con Estela de Carlotto denunciando que el gobierno ya no solo niega, sino que reivindica el terrorismo de Estado.

Lo que distingue el negacionismo actual de otros episodios anteriores no es solo su contenido, es su origen. No procede de sectores marginales ni de nostálgicos aislados. Procede de la Casa Rosada.

Por qué esto no es un debate historiográfico

Conviene decirlo con la misma claridad con la que lo dijo entonces la Secretaría de Derechos Humanos argentina: lo ocurrido durante la dictadura no está en discusión. Está probado en más de 300 sentencias judiciales, documentado en el Nunca Más, reconocido por la UNESCO y confirmado por décadas de investigación forense, judicial e histórica. Cuestionar esa base no es una interpretación alternativa de los hechos. Es una operación política que busca vaciar de contenido el trabajo de instituciones y personas que dedicaron su vida a establecer una verdad que costó sangre reconstruir.

Yo llevé aquellas postales a Buenos Aires en mi memoria, aunque no las llevé en la maleta. Las guardé porque sabía que algún día alguien volvería a necesitar entender cómo funciona la negación: no como ausencia de información, sino como saturación deliberada de mentiras destinadas a competir con la verdad hasta desgastarla. Lo que vi entonces, en la respuesta de un régimen que había asesinado y necesitaba negarlo, se parece demasiado a lo que veo ahora en un gobierno, el argentino, que reivindica lo que otros negaron.

La diferencia es que hoy existen sentencias firmes, un informe con nombre y apellido, un museo reconocido como patrimonio mundial y una lista, todavía abierta, de nombres que no se pueden borrar con un video institucional. 

La memoria y la historia no debe depender de que el poder de turno decida recordarla. Depende de que quienes la construyeron, con documentos, con testimonios y con listas de nombres entregadas en despachos oficiales, se nieguen a dejarla caer. 

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