¿Sacrificio necesario o desactivación pactada? El debate historiográfico sobre la Transición

 Serie Transición española - Los Pactos de la Moncloa III

Casi cinco décadas después de los Pactos de la Moncloa, los historiadores españoles siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué fueron exactamente. Para unos, el ejercicio de responsabilidad colectiva que permitió construir una democracia estable sin repetir la violencia del pasado. Para otros, el momento en que unas élites políticas y sindicales decidieron, sin consultar a las bases que representaban, quién iba a pagar la factura de esa estabilidad.

El sociólogo Juan Linz describió una vez el debate sobre la Transición como un muerto con buena salud: cada vez que parece enterrado, alguien lo revive con nuevos datos y nuevos argumentos. Cierra esta serie precisamente ahí, en ese desacuerdo que no termina de resolverse.

La lectura del consenso necesario

Santos Juliá, probablemente el historiador que ha dedicado más años a estudiar la Transición con mayor rigor archivístico, defiende una tesis incómoda para quienes prefieren los relatos simples: la moderación de 1977 no fue una traición a nadie, sino la única vía realista para consolidar una democracia que en ese momento no tenía garantizada su supervivencia.

El argumento tiene una base empírica sólida. El ejército conservaba mandos y lealtades del franquismo. La derecha más reaccionaria seguía organizada y con capacidad de presión. El intento de golpe de Estado de febrero de 1981, apenas tres años después de los pactos, demostró que ese riesgo no era retórico: un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el Congreso y mantuvo secuestrados a los diputados durante casi veinticuatro horas. Juliá ha insistido, en particular en un artículo de 2014 con el elocuente título de ¡Todavía la Transición!, en que atribuir a ese proceso la culpa de todos los males del presente es una forma de manipular el pasado que acaba empobreciendo la comprensión del propio presente.

La desmovilización social: el precio oculto de la Transición

Serie Transición española - Los Pactos de la Moncloa II

En septiembre de 1977, unas 300.000 personas salieron a la calle en Madrid en cuatro manifestaciones distintas para protestar por la carestía de la vida. Era el movimiento vecinal en su momento de mayor fuerza, capaz de movilizar a un cuarto de millón de personas en una sola semana. Un mes después se firmaban los Pactos de la Moncloa. Dos años más tarde, ese mismo movimiento apenas conseguía llenar una asamblea de barrio. Entre esos dos momentos no hubo una casualidad, sino una estrategia.

Un movimiento social que llevaba una década ganando terreno

El movimiento vecinal no nació con la democracia. Llevaba más de una década construyéndose al amparo de los resquicios legales de la Ley de Asociaciones de 1964, con militantes comunistas, cristianos de base y nacionalistas al frente. En Madrid, la primera asociación se fundó en el barrio de Aluche en 1967. En Barcelona, la Coordinadora de San Antoni se constituyó en 1972 y, dos años después, la ocupación vecinal de un pleno municipal en Nou Barris y el Carmel forzó la salida del alcalde Porcioles. En Bilbao, la presión vecinal contribuyó a la dimisión de la alcaldesa franquista Pilar Careaga en 1975.

Con la muerte de Franco, esa red de asociaciones pasó de la resistencia local a la movilización de masas. Las federaciones vecinales, la FRAVM en Madrid, la FAVB en Barcelona, fundada en 1972 y con ya ochenta asociaciones federadas hacia 1977, se convirtieron en interlocutores capaces de presionar a corporaciones municipales todavía franquistas y de articular demandas sobre vivienda, sanidad y transporte. Las manifestaciones madrileñas de septiembre de 1977 fueron la culminación de ese proceso, no su punto de partida.

Los Pactos de la Moncloa: el acuerdo que cambió las reglas del juego

Serie Transición española - Los Pactos de la Moncloa I

El 25 de octubre de 1977, en el Palacio de la Moncloa, el Gobierno de Adolfo Suárez y los partidos con representación en el Congreso firmaron dos documentos que iban a determinar el rumbo económico y político de España durante la década siguiente. Alianza Popular no firmó. La Unión General de Trabajadores estuvo a punto de no hacerlo y acabó firmando bajo presión. El acuerdo se negoció en semanas, con una economía al borde de la ruptura, y sus efectos siguen debatiéndose casi cinco décadas después.

Una economía al borde del colapso

España llegó a octubre de 1977 con una inflación del 26,4% anual, una cifra que multiplicaba por cinco la media de los países de la Comunidad Económica Europea. El desempleo afectaba a 900.000 personas, el 5,7% de la población activa, y apenas 300.000 de ellas cobraban algún tipo de seguro de paro. El déficit por cuenta corriente había superado los 2.700 millones de dólares y la deuda exterior alcanzaba niveles que el Banco de España consideraba insostenibles.

El origen de esa fragilidad no era coyuntural. El modelo desarrollista de los años sesenta había construido una estructura productiva dependiente en más del 70% de la importación de hidrocarburos, y el embargo petrolero de 1973 golpeó esa dependencia con una crudeza que el franquismo tardío nunca llegó a asumir del todo. Cuando además se cerraron las fronteras laborales de Europa occidental, que durante años habían absorbido el excedente de mano de obra española, cientos de miles de emigrantes regresaron a un mercado de trabajo rígido y sin capacidad de acogerlos.

La reacción ante las Leyes Nuevas: cuando un Imperio se doblegó ante sus colonos

En 1542, Carlos I promulgó las Leyes Nuevas para proteger a los indígenas americanos y limitar el poder de los encomenderos. La pregunta que esa ley dejaba abierta era simple: ¿podía un imperio del siglo XVI imponer una reforma así a miles de kilómetros de distancia, a hombres armados que tenían todo que perder? La respuesta llegó rápido, y no fue la que esperaba la Corona.

El problema del poder a distancia

Gobernar un imperio en el siglo XVI era una empresa extraordinariamente difícil.

Las órdenes de Madrid tardaban meses en llegar a América. Las respuestas tardaban otros tantos meses en volver. Los funcionarios reales estaban rodeados de colonos con intereses opuestos a las reformas que debían aplicar. Y el poder militar efectivo sobre el terreno solía estar en manos de los mismos encomenderos a quienes se pretendía controlar.

Carlos I era consciente de estas dificultades cuando promulgó las Leyes Nuevas en noviembre de 1542. ver entrada anterior: Las Leyes Nuevas de 1542: cuando un Imperio intentó limitar su propio poder.

Sus consejeros le habían advertido de que la resistencia sería intensa. Pero la presión de los reformadores, con Bartolomé de las Casas a la cabeza, y sus propios intereses en limitar el poder de los encomenderos lo llevaron a promulgarlas de todos modos. Lo que no calculó bien fue la magnitud de esa resistencia.

Las Leyes Nuevas de 1542: cuando un Imperio intentó limitar su propio poder

El 20 de noviembre de 1542, en Barcelona, el imperio más poderoso del mundo hizo algo que ningún imperio había hecho antes: promulgó una ley para proteger a los pueblos que estaba conquistando. Las Leyes Nuevas de Carlos I no resolvieron el problema que pretendían resolver. Pero reconocieron, por primera vez y con fuerza legal, que había un problema que resolver. Lo que ocurrió después es una lección sobre la distancia que separa las buenas intenciones del poder de la realidad de quienes lo sufren.

Un imperio con la conciencia inquieta

Para entender las Leyes Nuevas hay que entender primero el clima intelectual de la España de Carlos I.

El imperio español de mediados del siglo XVI no vivía cómodo con su propia empresa colonial. Era una sociedad atravesada por debates apasionados sobre la legitimidad de la conquista, los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones morales de los cristianos hacia los pueblos que sometían. Esos debates no se quedaban en los monasterios ni en las aulas universitarias. Llegaban a la corte, influían en los consejeros del rey y generaban una presión política real sobre las decisiones de gobierno.

La violencia de extrema derecha en la Transición: cuando el Estado no fue un espectador

Perspectiva Global esta publicando una nueva serie de Historia dedicada a la Transición española, los años que llevaron al país de la dictadura franquista a la democracia. Las primeras entregas abordan episodios que el relato modélico de la Transición suele dejar en la sombra: la violencia sistemática de la extrema derecha contra la oposición democrática, la infiltración de los servicios de seguridad del Estado en partidos y sindicatos, los Pactos de la Moncloa que sostuvieron el proceso desde el terreno económico y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una Transición que se cuenta habitualmente como ejemplo de consenso pacífico, pero que estuvo atravesada por el miedo y por conspiraciones que rara vez se explican con el detalle que merecen.

La Transición española se cuenta habitualmente como un tránsito pacífico y consensuado hacia la democracia. Entre 1975 y 1982 murieron en España varias decenas de personas a manos de grupos de extrema derecha, con la connivencia documentada de mandos policiales y miembros de los Servicios de Información que la transición dejó intactos. Ese dato no encaja en el relato modélico, y por eso rara vez se cuenta con el detalle que merece.

Un relato que necesita matices

La imagen de la Transición como un proceso ejemplar, construido sobre el consenso y el diálogo entre adversarios, tiene una parte de verdad. También tiene un punto ciego. Entre la muerte de Franco en 1975 y el golpe de Estado fallido de 1981, decenas de personas murieron en España a manos de grupos de extrema derecha. Las cifras varían según la fuente y el criterio de conteo, entre poco más de sesenta y cerca de un centenar de víctimas. Ninguna coincide con la imagen de una transición sin sangre.

Lo que distingue este terrorismo de otros episodios de violencia política del periodo no es solo su cifra de víctimas. Es su relación con el propio aparato del Estado. Buena parte de los mandos policiales que habían ejercido la represión política durante el franquismo continuaron en sus puestos tras la muerte del dictador, sin depuración ni revisión de sus métodos. Y, como muestra el caso que ocupa buena parte de este artículo, esa connivencia no se quedó en los despachos: llegó a incluir a un presunto sargento de la Guardia Civil que suministraba explosivos a un comando ultraderechista responsable de más de una decena de atentados, entre ellos uno contra la sede de la propia Asociación Pro Derechos Humanos de España, en aquella epoca tenia el honor de ser su Secretario General.

Bajo vigilancia constante: la infiltración policial en las organizaciones democráticas durante la Transición

Perspectiva Global inicia una nueva serie de Historia dedicada a la Transición española, los años que llevaron al país de la dictadura franquista a la democracia. Las primeras entregas abordan episodios que el relato modélico de la Transición suele dejar en la sombra: la violencia sistemática de la extrema derecha contra la oposición democrática, la infiltración de los servicios de seguridad del Estado en partidos y sindicatos, los Pactos de la Moncloa que sostuvieron el proceso desde el terreno económico y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una Transición que se cuenta habitualmente como ejemplo de consenso pacífico, pero que estuvo atravesada por el miedo y por conspiraciones que rara vez se explican con el detalle que merecen.

¿Sabías que la Transición española vigiló tanto como negoció?

Mientras una parte del aparato del Estado toleraba o encubría la violencia de extrema derecha, otra parte del mismo aparato dedicaba buena parte de sus recursos a vigilar, infiltrar y neutralizar a la izquierda, armada y democrática por igual. Los servicios de información del franquismo no desaparecieron con Franco. Cambiaron de nombre y de objetivo declarado, pero conservaron los archivos, los métodos y, en no pocos casos, a los mismos hombres.

Un aparato que no se disolvió

La Brigada Político-Social, el cuerpo policial especializado en perseguir a la disidencia durante la dictadura, se disolvió formalmente en 1976. Sus funciones, sus ficheros y buena parte de sus mandos pasaron a la nueva Comisaría General de Información de la Dirección General de Seguridad. No hubo depuración. Comisarios que habían dirigido la represión antifranquista durante décadas, como Roberto Conesa, ocuparon puestos clave en la estructura que debía, en teoría, servir a una democracia naciente.