¿Sacrificio necesario o desactivación pactada? El debate historiográfico sobre la Transición

 Serie Transición española - Los Pactos de la Moncloa III

Casi cinco décadas después de los Pactos de la Moncloa, los historiadores españoles siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué fueron exactamente. Para unos, el ejercicio de responsabilidad colectiva que permitió construir una democracia estable sin repetir la violencia del pasado. Para otros, el momento en que unas élites políticas y sindicales decidieron, sin consultar a las bases que representaban, quién iba a pagar la factura de esa estabilidad.

El sociólogo Juan Linz describió una vez el debate sobre la Transición como un muerto con buena salud: cada vez que parece enterrado, alguien lo revive con nuevos datos y nuevos argumentos. Cierra esta serie precisamente ahí, en ese desacuerdo que no termina de resolverse.

La lectura del consenso necesario

Santos Juliá, probablemente el historiador que ha dedicado más años a estudiar la Transición con mayor rigor archivístico, defiende una tesis incómoda para quienes prefieren los relatos simples: la moderación de 1977 no fue una traición a nadie, sino la única vía realista para consolidar una democracia que en ese momento no tenía garantizada su supervivencia.

El argumento tiene una base empírica sólida. El ejército conservaba mandos y lealtades del franquismo. La derecha más reaccionaria seguía organizada y con capacidad de presión. El intento de golpe de Estado de febrero de 1981, apenas tres años después de los pactos, demostró que ese riesgo no era retórico: un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el Congreso y mantuvo secuestrados a los diputados durante casi veinticuatro horas. Juliá ha insistido, en particular en un artículo de 2014 con el elocuente título de ¡Todavía la Transición!, en que atribuir a ese proceso la culpa de todos los males del presente es una forma de manipular el pasado que acaba empobreciendo la comprensión del propio presente.

La desmovilización social: el precio oculto de la Transición

Serie Transición española - Los Pactos de la Moncloa II

En septiembre de 1977, unas 300.000 personas salieron a la calle en Madrid en cuatro manifestaciones distintas para protestar por la carestía de la vida. Era el movimiento vecinal en su momento de mayor fuerza, capaz de movilizar a un cuarto de millón de personas en una sola semana. Un mes después se firmaban los Pactos de la Moncloa. Dos años más tarde, ese mismo movimiento apenas conseguía llenar una asamblea de barrio. Entre esos dos momentos no hubo una casualidad, sino una estrategia.

Un movimiento social que llevaba una década ganando terreno

El movimiento vecinal no nació con la democracia. Llevaba más de una década construyéndose al amparo de los resquicios legales de la Ley de Asociaciones de 1964, con militantes comunistas, cristianos de base y nacionalistas al frente. En Madrid, la primera asociación se fundó en el barrio de Aluche en 1967. En Barcelona, la Coordinadora de San Antoni se constituyó en 1972 y, dos años después, la ocupación vecinal de un pleno municipal en Nou Barris y el Carmel forzó la salida del alcalde Porcioles. En Bilbao, la presión vecinal contribuyó a la dimisión de la alcaldesa franquista Pilar Careaga en 1975.

Con la muerte de Franco, esa red de asociaciones pasó de la resistencia local a la movilización de masas. Las federaciones vecinales, la FRAVM en Madrid, la FAVB en Barcelona, fundada en 1972 y con ya ochenta asociaciones federadas hacia 1977, se convirtieron en interlocutores capaces de presionar a corporaciones municipales todavía franquistas y de articular demandas sobre vivienda, sanidad y transporte. Las manifestaciones madrileñas de septiembre de 1977 fueron la culminación de ese proceso, no su punto de partida.

Los Pactos de la Moncloa: el acuerdo que cambió las reglas del juego

Serie Transición española - Los Pactos de la Moncloa I

El 25 de octubre de 1977, en el Palacio de la Moncloa, el Gobierno de Adolfo Suárez y los partidos con representación en el Congreso firmaron dos documentos que iban a determinar el rumbo económico y político de España durante la década siguiente. Alianza Popular no firmó. La Unión General de Trabajadores estuvo a punto de no hacerlo y acabó firmando bajo presión. El acuerdo se negoció en semanas, con una economía al borde de la ruptura, y sus efectos siguen debatiéndose casi cinco décadas después.

Una economía al borde del colapso

España llegó a octubre de 1977 con una inflación del 26,4% anual, una cifra que multiplicaba por cinco la media de los países de la Comunidad Económica Europea. El desempleo afectaba a 900.000 personas, el 5,7% de la población activa, y apenas 300.000 de ellas cobraban algún tipo de seguro de paro. El déficit por cuenta corriente había superado los 2.700 millones de dólares y la deuda exterior alcanzaba niveles que el Banco de España consideraba insostenibles.

El origen de esa fragilidad no era coyuntural. El modelo desarrollista de los años sesenta había construido una estructura productiva dependiente en más del 70% de la importación de hidrocarburos, y el embargo petrolero de 1973 golpeó esa dependencia con una crudeza que el franquismo tardío nunca llegó a asumir del todo. Cuando además se cerraron las fronteras laborales de Europa occidental, que durante años habían absorbido el excedente de mano de obra española, cientos de miles de emigrantes regresaron a un mercado de trabajo rígido y sin capacidad de acogerlos.