La reacción ante las Leyes Nuevas: cuando un Imperio se doblegó ante sus colonos

En 1542, Carlos I promulgó las Leyes Nuevas para proteger a los indígenas americanos y limitar el poder de los encomenderos. La pregunta que esa ley dejaba abierta era simple: ¿podía un imperio del siglo XVI imponer una reforma así a miles de kilómetros de distancia, a hombres armados que tenían todo que perder? La respuesta llegó rápido, y no fue la que esperaba la Corona.

El problema del poder a distancia

Gobernar un imperio en el siglo XVI era una empresa extraordinariamente difícil.

Las órdenes de Madrid tardaban meses en llegar a América. Las respuestas tardaban otros tantos meses en volver. Los funcionarios reales estaban rodeados de colonos con intereses opuestos a las reformas que debían aplicar. Y el poder militar efectivo sobre el terreno solía estar en manos de los mismos encomenderos a quienes se pretendía controlar.

Carlos I era consciente de estas dificultades cuando promulgó las Leyes Nuevas en noviembre de 1542. ver entrada anterior: Las Leyes Nuevas de 1542: cuando un Imperio intentó limitar su propio poder.

Sus consejeros le habían advertido de que la resistencia sería intensa. Pero la presión de los reformadores, con Bartolomé de las Casas a la cabeza, y sus propios intereses en limitar el poder de los encomenderos lo llevaron a promulgarlas de todos modos. Lo que no calculó bien fue la magnitud de esa resistencia.

Las Leyes Nuevas de 1542: cuando un Imperio intentó limitar su propio poder

El 20 de noviembre de 1542, en Barcelona, el imperio más poderoso del mundo hizo algo que ningún imperio había hecho antes: promulgó una ley para proteger a los pueblos que estaba conquistando. Las Leyes Nuevas de Carlos I no resolvieron el problema que pretendían resolver. Pero reconocieron, por primera vez y con fuerza legal, que había un problema que resolver. Lo que ocurrió después es una lección sobre la distancia que separa las buenas intenciones del poder de la realidad de quienes lo sufren.

Un imperio con la conciencia inquieta

Para entender las Leyes Nuevas hay que entender primero el clima intelectual de la España de Carlos I.

El imperio español de mediados del siglo XVI no vivía cómodo con su propia empresa colonial. Era una sociedad atravesada por debates apasionados sobre la legitimidad de la conquista, los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones morales de los cristianos hacia los pueblos que sometían. Esos debates no se quedaban en los monasterios ni en las aulas universitarias. Llegaban a la corte, influían en los consejeros del rey y generaban una presión política real sobre las decisiones de gobierno.

La violencia de extrema derecha en la Transición: cuando el Estado no fue un espectador

Perspectiva Global esta publicando una nueva serie de Historia dedicada a la Transición española, los años que llevaron al país de la dictadura franquista a la democracia. Las primeras entregas abordan episodios que el relato modélico de la Transición suele dejar en la sombra: la violencia sistemática de la extrema derecha contra la oposición democrática, la infiltración de los servicios de seguridad del Estado en partidos y sindicatos, los Pactos de la Moncloa que sostuvieron el proceso desde el terreno económico y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una Transición que se cuenta habitualmente como ejemplo de consenso pacífico, pero que estuvo atravesada por el miedo y por conspiraciones que rara vez se explican con el detalle que merecen.

La Transición española se cuenta habitualmente como un tránsito pacífico y consensuado hacia la democracia. Entre 1975 y 1982 murieron en España varias decenas de personas a manos de grupos de extrema derecha, con la connivencia documentada de mandos policiales y miembros de los Servicios de Información que la transición dejó intactos. Ese dato no encaja en el relato modélico, y por eso rara vez se cuenta con el detalle que merece.

Un relato que necesita matices

La imagen de la Transición como un proceso ejemplar, construido sobre el consenso y el diálogo entre adversarios, tiene una parte de verdad. También tiene un punto ciego. Entre la muerte de Franco en 1975 y el golpe de Estado fallido de 1981, decenas de personas murieron en España a manos de grupos de extrema derecha. Las cifras varían según la fuente y el criterio de conteo, entre poco más de sesenta y cerca de un centenar de víctimas. Ninguna coincide con la imagen de una transición sin sangre.

Lo que distingue este terrorismo de otros episodios de violencia política del periodo no es solo su cifra de víctimas. Es su relación con el propio aparato del Estado. Buena parte de los mandos policiales que habían ejercido la represión política durante el franquismo continuaron en sus puestos tras la muerte del dictador, sin depuración ni revisión de sus métodos. Y, como muestra el caso que ocupa buena parte de este artículo, esa connivencia no se quedó en los despachos: llegó a incluir a un presunto sargento de la Guardia Civil que suministraba explosivos a un comando ultraderechista responsable de más de una decena de atentados, entre ellos uno contra la sede de la propia Asociación Pro Derechos Humanos de España, en aquella epoca tenia el honor de ser su Secretario General.

Bajo vigilancia constante: la infiltración policial en las organizaciones democráticas durante la Transición

Perspectiva Global inicia una nueva serie de Historia dedicada a la Transición española, los años que llevaron al país de la dictadura franquista a la democracia. Las primeras entregas abordan episodios que el relato modélico de la Transición suele dejar en la sombra: la violencia sistemática de la extrema derecha contra la oposición democrática, la infiltración de los servicios de seguridad del Estado en partidos y sindicatos, los Pactos de la Moncloa que sostuvieron el proceso desde el terreno económico y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una Transición que se cuenta habitualmente como ejemplo de consenso pacífico, pero que estuvo atravesada por el miedo y por conspiraciones que rara vez se explican con el detalle que merecen.

¿Sabías que la Transición española vigiló tanto como negoció?

Mientras una parte del aparato del Estado toleraba o encubría la violencia de extrema derecha, otra parte del mismo aparato dedicaba buena parte de sus recursos a vigilar, infiltrar y neutralizar a la izquierda, armada y democrática por igual. Los servicios de información del franquismo no desaparecieron con Franco. Cambiaron de nombre y de objetivo declarado, pero conservaron los archivos, los métodos y, en no pocos casos, a los mismos hombres.

Un aparato que no se disolvió

La Brigada Político-Social, el cuerpo policial especializado en perseguir a la disidencia durante la dictadura, se disolvió formalmente en 1976. Sus funciones, sus ficheros y buena parte de sus mandos pasaron a la nueva Comisaría General de Información de la Dirección General de Seguridad. No hubo depuración. Comisarios que habían dirigido la represión antifranquista durante décadas, como Roberto Conesa, ocuparon puestos clave en la estructura que debía, en teoría, servir a una democracia naciente.

El derecho a un ambiente sano cumple casi cinco años: lo que los tribunales ya han dicho y lo que sigue sin protegerse

Cuatro grandes tribunales internacionales ya lo aplican. Defenderlo sobre el terreno sigue siendo, para muchos, mortal

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció, en octubre de 2021, por primera vez que vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano. Nueve meses después, en julio de 2022, la Asamblea General lo universalizó. 

Este blog recogió entonces ese reconocimiento como lo que era: un hito histórico, resultado de más de cuatro décadas de trabajo diplomático y activista. Casi cinco años después, la pregunta que de verdad importa ya no es si el derecho existe sobre el papel. Es si alguien puede hacerlo valer ante un tribunal, y qué pasa con quien lo defiende sobre el terreno.  

El reconocimiento formal ha avanzado con rapidez. Más del 80% de los Estados miembros de la ONU, 156 de 193, reconocen ya este derecho en su legislación nacional. Está incluido en más de 100 constituciones, y más de 150 países tienen ya obligaciones jurídicas vinculantes de respetarlo, protegerlo y satisfacerlo. En términos de reconocimiento normativo, pocos derechos humanos han avanzado tan rápido en tan poco tiempo.