Serie Transición española - Los Pactos de la Moncloa III
Casi cinco décadas después de los Pactos de la Moncloa, los historiadores españoles siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué fueron exactamente. Para unos, el ejercicio de responsabilidad colectiva que permitió construir una democracia estable sin repetir la violencia del pasado. Para otros, el momento en que unas élites políticas y sindicales decidieron, sin consultar a las bases que representaban, quién iba a pagar la factura de esa estabilidad.
El sociólogo Juan Linz describió una vez el debate sobre la Transición como un muerto con buena salud: cada vez que parece enterrado, alguien lo revive con nuevos datos y nuevos argumentos. Cierra esta serie precisamente ahí, en ese desacuerdo que no termina de resolverse.
La lectura del consenso necesario
Santos Juliá, probablemente el historiador que ha dedicado más años a estudiar la Transición con mayor rigor archivístico, defiende una tesis incómoda para quienes prefieren los relatos simples: la moderación de 1977 no fue una traición a nadie, sino la única vía realista para consolidar una democracia que en ese momento no tenía garantizada su supervivencia.
El argumento tiene una base empírica sólida. El ejército conservaba mandos y lealtades del franquismo. La derecha más reaccionaria seguía organizada y con capacidad de presión. El intento de golpe de Estado de febrero de 1981, apenas tres años después de los pactos, demostró que ese riesgo no era retórico: un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el Congreso y mantuvo secuestrados a los diputados durante casi veinticuatro horas. Juliá ha insistido, en particular en un artículo de 2014 con el elocuente título de ¡Todavía la Transición!, en que atribuir a ese proceso la culpa de todos los males del presente es una forma de manipular el pasado que acaba empobreciendo la comprensión del propio presente.
Desde esta lectura, los Pactos de la Moncloa y la desmovilización que les siguió no fueron un objetivo en sí mismo, sino un coste asumido con plena conciencia por dirigentes que habían vivido la Guerra Civil como advertencia constante. Marcelino Camacho, Nicolás Redondo y Santiago Carrillo no traicionaron a sus bases: calcularon, con la información disponible en 1977, que el riesgo de un colapso democrático era mayor que el riesgo de desactivar temporalmente la movilización social. Y el resultado, cuarenta y ocho años de democracia ininterrumpida, la Constitución más longeva de la historia de España, respalda en parte ese cálculo.
La lectura crítica: quién pagó la factura
Frente a esa lectura se alza una tradición historiográfica que arranca, con una fuerza que todavía se nota hoy, en 1991, cuando el periodista e historiador Gregorio Morán publicó El precio de la transición.
Antiguo militante comunista él mismo, Morán no cuestionó que la democracia se hubiera consolidado, sino el relato edificante que se había construido sobre ese proceso, un relato que convertía en inevitable una serie de decisiones que en realidad fueron políticas, tomadas por actores concretos con intereses concretos, y que exigieron un olvido deliberado de sus costes menos visibles.
Esa tradición crítica, que en las últimas dos décadas han retomado autores como Juan Carlos Monedero, no niega el riesgo autoritario que subraya Santos Juliá. Lo que cuestiona es que ese riesgo justificara cualquier distribución posible del ajuste, y en particular la que finalmente se aplicó. El diseño técnico del acuerdo económico de 1977, el tope salarial calculado sobre la inflación prevista y no la real, la cláusula que permitía reducir plantillas hasta un 5%, no era la única forma de estabilizar la economía disponible en ese momento. Fue una elección, y esa elección benefició de forma desigual a quienes tenían capacidad de negociación frente a quienes solo tenían capacidad de movilización, hasta que la propia movilización quedó desactivada, como se contó en la segunda entrada de esta serie.
El indicador menos discutible de este balance es el desempleo. España pasó de un 5,7% de paro en 1977 a una tasa que, según las distintas series históricas del INE, se multiplicó por varias veces a lo largo de la década siguiente, hasta situarse por encima del 20% a mediados de los años ochenta, una de las cifras más altas de toda la OCDE. Ese dato, por sí solo, ya sostiene la idea de que el ajuste tuvo un coste humano de primer orden y de larga duración.
Lo que resulta más discutido, y conviene decirlo con la misma honestidad con la que se han señalado los errores de las entregas anteriores de esta serie, es la evolución de los salarios reales y de los beneficios empresariales durante el mismo periodo. Los datos de Contabilidad Nacional muestran que la participación de los salarios en el PIB español alcanzó en 1977 un máximo histórico del 56,5%, un nivel excepcional que la propia historiografía económica atribuye a la combinación de una inflación descontrolada, una presión sindical creciente tras la legalización y unos márgenes empresariales comprimidos en una economía todavía cerrada.
Esa tradición crítica, que en las últimas dos décadas han retomado autores como Juan Carlos Monedero, no niega el riesgo autoritario que subraya Santos Juliá. Lo que cuestiona es que ese riesgo justificara cualquier distribución posible del ajuste, y en particular la que finalmente se aplicó. El diseño técnico del acuerdo económico de 1977, el tope salarial calculado sobre la inflación prevista y no la real, la cláusula que permitía reducir plantillas hasta un 5%, no era la única forma de estabilizar la economía disponible en ese momento. Fue una elección, y esa elección benefició de forma desigual a quienes tenían capacidad de negociación frente a quienes solo tenían capacidad de movilización, hasta que la propia movilización quedó desactivada, como se contó en la segunda entrada de esta serie.
Una cifra que no cierra el debate por sí sola
El indicador menos discutible de este balance es el desempleo. España pasó de un 5,7% de paro en 1977 a una tasa que, según las distintas series históricas del INE, se multiplicó por varias veces a lo largo de la década siguiente, hasta situarse por encima del 20% a mediados de los años ochenta, una de las cifras más altas de toda la OCDE. Ese dato, por sí solo, ya sostiene la idea de que el ajuste tuvo un coste humano de primer orden y de larga duración.
Lo que resulta más discutido, y conviene decirlo con la misma honestidad con la que se han señalado los errores de las entregas anteriores de esta serie, es la evolución de los salarios reales y de los beneficios empresariales durante el mismo periodo. Los datos de Contabilidad Nacional muestran que la participación de los salarios en el PIB español alcanzó en 1977 un máximo histórico del 56,5%, un nivel excepcional que la propia historiografía económica atribuye a la combinación de una inflación descontrolada, una presión sindical creciente tras la legalización y unos márgenes empresariales comprimidos en una economía todavía cerrada.
Vista con esta perspectiva, parte del ajuste posterior no fue una simple transferencia de renta del trabajo al capital, sino en parte una correspondiente corrección de un pico distributivo que no era sostenible en ninguna economía abierta.
Esto no invalida la lectura crítica, pero la matiza. El mecanismo concreto de los pactos, vincular los salarios a la inflación prevista y no a la real, trasladó un riesgo específico a los trabajadores en cualquier año en que la inflación real superara la prevista, algo que ocurrió varias veces durante el periodo. Pero afirmar una cifra única y agregada de pérdida salarial para toda la década, como si el proceso hubiera sido lineal y uniforme, simplifica una realidad económica que los propios historiadores económicos siguen discutiendo con series de datos distintas y metodologías distintas. Quien quiera usar esta serie como argumento cerrado en cualquier dirección debería, como mínimo, conocer esta complejidad antes de hacerlo.
Pese a sus conclusiones opuestas, las dos tradiciones historiográficas coinciden en más de lo que sus defensores más combativos suelen admitir. Ambas aceptan que el riesgo de involución autoritaria en 1977 era real, no una excusa retórica inventada después de los hechos. Ambas aceptan que la desmovilización del movimiento vecinal, sindical, feminista y pacifista fue rápida, profunda y en buena medida gestionada de manera consciente por las direcciones políticas y sindicales de la izquierda, no un simple desencanto espontáneo. Y ambas aceptan que España entró en la democracia con una sociedad civil organizada mucho más débil que la que había protagonizado los últimos años del franquismo.
La diferencia real no está en los hechos, que en su mayor parte ambas tradiciones comparten, sino en el juicio sobre si existía una alternativa mejor en 1977 y sobre quién tenía legitimidad para decidir, en nombre de millones de personas que no estaban en la mesa de negociación, qué grado de sacrificio era aceptable. Es una pregunta que la historia no puede zanjar con datos, porque no existe un experimento contrafactual que permita comprobar qué habría ocurrido si Comisiones Obreras y UGT se hubieran negado a firmar, o si Alianza Popular hubiera tenido razón en su rechazo por motivos completamente distintos a los de Las Casas frente a Sepúlveda, cuatro siglos y medio antes, en un debate que también hemos contado en este blog: la pregunta de si el poder puede exigir moderación a quienes no se sientan a negociar en su nombre.
Esto no invalida la lectura crítica, pero la matiza. El mecanismo concreto de los pactos, vincular los salarios a la inflación prevista y no a la real, trasladó un riesgo específico a los trabajadores en cualquier año en que la inflación real superara la prevista, algo que ocurrió varias veces durante el periodo. Pero afirmar una cifra única y agregada de pérdida salarial para toda la década, como si el proceso hubiera sido lineal y uniforme, simplifica una realidad económica que los propios historiadores económicos siguen discutiendo con series de datos distintas y metodologías distintas. Quien quiera usar esta serie como argumento cerrado en cualquier dirección debería, como mínimo, conocer esta complejidad antes de hacerlo.
Lo que ambas lecturas comparten
Pese a sus conclusiones opuestas, las dos tradiciones historiográficas coinciden en más de lo que sus defensores más combativos suelen admitir. Ambas aceptan que el riesgo de involución autoritaria en 1977 era real, no una excusa retórica inventada después de los hechos. Ambas aceptan que la desmovilización del movimiento vecinal, sindical, feminista y pacifista fue rápida, profunda y en buena medida gestionada de manera consciente por las direcciones políticas y sindicales de la izquierda, no un simple desencanto espontáneo. Y ambas aceptan que España entró en la democracia con una sociedad civil organizada mucho más débil que la que había protagonizado los últimos años del franquismo.
La diferencia real no está en los hechos, que en su mayor parte ambas tradiciones comparten, sino en el juicio sobre si existía una alternativa mejor en 1977 y sobre quién tenía legitimidad para decidir, en nombre de millones de personas que no estaban en la mesa de negociación, qué grado de sacrificio era aceptable. Es una pregunta que la historia no puede zanjar con datos, porque no existe un experimento contrafactual que permita comprobar qué habría ocurrido si Comisiones Obreras y UGT se hubieran negado a firmar, o si Alianza Popular hubiera tenido razón en su rechazo por motivos completamente distintos a los de Las Casas frente a Sepúlveda, cuatro siglos y medio antes, en un debate que también hemos contado en este blog: la pregunta de si el poder puede exigir moderación a quienes no se sientan a negociar en su nombre.
Por qué este debate no es solo cosa de historiadores
Esta discusión no se ha quedado en los seminarios universitarios. Cada vez que España negocia una reforma laboral, una revalorización de pensiones o un nuevo marco de diálogo social, el modelo de concertación tripartita nacido en 1977 reaparece como referencia obligada, tanto para defenderlo como para señalarlo como el origen de problemas que siguen sin resolverse: una de las tasas de afiliación sindical más bajas de Europa occidental, una dualidad laboral entre empleo estable y empleo temporal que ninguna reforma ha corregido del todo, y una desconfianza persistente entre buena parte de la ciudadanía hacia los grandes acuerdos institucionales cerrados por las cúpulas de partidos y sindicatos sin consulta previa a sus bases. Entender de dónde viene ese modelo, y qué se decidió sacrificar para construirlo, no es un ejercicio de arqueología política. Es una condición previa para discutir con algo de rigor los mismos dilemas que España sigue enfrentando casi cinco décadas después.
Los Pactos de la Moncloa consiguieron lo que se propusieron: una salida pactada de la dictadura sin una nueva guerra civil. Pagaron por ello un precio que durante años se contó a medias, con las cifras de paro visibles en cualquier libro de texto y el coste social mucho menos documentado.
Esta serie ha intentado poner ambas cosas en la misma página, no para dictar un veredicto que la propia historiografía todavía no ha cerrado, sino para que el lector pueda formar el suyo con más elementos que los que ofrece el relato oficial de una Transición modélica sin fisuras.
La historia que no te contaron no desaparece. Solo espera a que alguien se atreva a contarla.
¿Te ha resultado interesante? Comparte este artículo y cuéntanos en los comentarios: después de leer esta serie.
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