Perspectiva Global inicia una nueva serie de Historia dedicada a la Transición española, los años que llevaron al país de la dictadura franquista a la democracia. Las primeras entregas abordan episodios que el relato modélico de la Transición suele dejar en la sombra: la violencia sistemática de la extrema derecha contra la oposición democrática, la infiltración de los servicios de seguridad del Estado en partidos y sindicatos, los Pactos de la Moncloa que sostuvieron el proceso desde el terreno económico y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una Transición que se cuenta habitualmente como ejemplo de consenso pacífico, pero que estuvo atravesada por el miedo y por conspiraciones que rara vez se explican con el detalle que merecen.
¿Sabías que la Transición española vigiló tanto como negoció?
Mientras una parte del aparato del Estado toleraba o encubría la violencia de extrema derecha, otra parte del mismo aparato dedicaba buena parte de sus recursos a vigilar, infiltrar y neutralizar a la izquierda, armada y democrática por igual. Los servicios de información del franquismo no desaparecieron con Franco. Cambiaron de nombre y de objetivo declarado, pero conservaron los archivos, los métodos y, en no pocos casos, a los mismos hombres.
Un aparato que no se disolvió
La continuidad no fue solo simbólica. El 11 de febrero de 1977, la policía dirigida por Conesa liberó al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y al teniente general Emilio Villaescusa, secuestrados meses antes por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Entre los agentes que participaron en la operación estaba Antonio González Pacheco, Billy el Niño, uno de los torturadores más denunciados de la extinta Brigada Político-Social. El éxito de la operación catapultó la reputación de Conesa en la prensa de la época. Su pasado no se mencionó.
Del SECED al CESID
El 14 de julio de 1977, el entonces ministro de Defensa, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, creó el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), que unificó al SECED con los servicios de inteligencia militar del Alto Estado Mayor. El nuevo organismo heredó expedientes, personal y doctrina operativa de sus predecesores. La lógica de fondo, común a ambos servicios, sostenía que la subversión no se combatía solo en el terreno judicial o militar, sino mediante la penetración preventiva del tejido asociativo y sindical.
Esta actividad se desarrolló bajo la cobertura de dos mecanismos legales. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 impidió durante décadas el acceso público y judicial a las órdenes de operaciones y los partes de información del SECED, el CESID y la DGS. Y los Fondos Reservados, partidas presupuestarias exentas de fiscalización parlamentaria, permitieron pagar nóminas paralelas a confidentes y financiar la infraestructura técnica de las escuchas.
La infiltración en ETA y las dudas sobre "El Lobo"
La operación de infiltración más célebre de este periodo tiene como protagonista a un joven vizcaíno que adoptó el nombre en clave de Lobo. La versión oficial, repetida durante décadas en libros, entrevistas y homenajes institucionales, presenta a Mikel Lejarza como un agente reclutado por el servicio secreto que logró ganarse la confianza de la cúpula de ETA político-militar hasta ocupar un puesto de responsabilidad en su infraestructura.
Esa versión no es, sin embargo, un hecho historiográfico cerrado. Periodistas e historiadores como Antoni Batista, Iñaki Egaña o Jon Makazaga han publicado investigaciones que cuestionan si Lejarza fue realmente un agente de vocación o, como sostienen antiguos militantes de ETA, un delincuente común captado bajo coacción tras una detención previa, y han señalado contradicciones sobre su identidad real y su papel efectivo dentro de la organización. Conviene tratar el relato del agente heroico como lo que es: una versión oficial ampliamente difundida y hoy debatida, no un consenso entre historiadores.
Lo que no está en discusión es el resultado operativo. El 30 de julio de 1975 cayó Pedro Ignacio Pérez Beotegui, alias Wilson, considerado uno de los autores del atentado que mató al almirante Carrero Blanco en 1973. Entre el 16 y el 18 de septiembre de ese mismo año, la policía detuvo a entre ciento cincuenta y ciento cincuenta y ocho personas vinculadas a ETA político-militar en el País Vasco, Madrid, Cataluña y Galicia, entre ellas varios de los diez integrantes de su cúpula dirigente. Fue el golpe más duro que la organización recibió en toda su historia.
El secuestro de Oriol y Villaescusa: infiltración, no solo negociación
Los GRAPO, brazo armado del Partido Comunista de España (reconstituido), abreviado como PCE(r), secuestraron a Antonio María de Oriol el 11 de diciembre de 1976. Secuestraron al teniente general Villaescusa el 24 de enero de 1977, el mismo día de la matanza de Atocha: la misma semana negra de la Transición contiene ambos episodios. Durante los dos meses de cautiverio, la Comisaría General de Información de Conesa fue cruzando información procedente de agentes infiltrados en la periferia del PCE(r) hasta ubicar los dos pisos francos donde los rehenes permanecían retenidos por separado, uno en Vallecas y otro en Alcorcón.
Las dos operaciones de rescate, el 11 de febrero de 1977, terminaron con la detención de varios dirigentes de los GRAPO, entre ellos Abelardo Collazo Araujo, señalado por la policía como cerebro de la operación, y Manuel Casimiro Gil Araujo, que custodiaba a uno de los secuestrados. El éxito policial contrasta con un debate que historiadores de la época mantienen abierto: si determinados mandos policiales llegaron a utilizar a agentes infiltrados en el entorno de los GRAPO no solo para recabar información, sino para estimular acciones armadas que justificaran la suspensión de garantías constitucionales en momentos políticos especialmente sensibles, como las semanas previas a la legalización del Partido Comunista o la aprobación de la Constitución. Es una hipótesis defendida por algunos analistas del periodo, no un hecho probado documentalmente.
FRAP, MIL y los focos menores
Otros grupos revolucionarios sufrieron una represión más rápida y menos mediática. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), brazo armado del Partido Comunista de España (marxista-leninista) o PCE (m-l), quedó prácticamente desarticulado tras el fusilamiento de tres de sus militantes, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, el 27 de septiembre de 1975, junto a dos miembros de ETA político-militar. Las ejecuciones, las últimas del franquismo, provocaron una oleada de protestas internacionales y la retirada de doce embajadores.
En Cataluña, la infiltración de agentes de información en los ambientes libertarios y anticapitalistas impidió la reorganización de los comandos armados herederos del Movimiento Ibérico de Liberación, activo a principios de la década.
La vigilancia sobre la izquierda legal y el movimiento obrero
El radio de acción de los servicios de información no se limitó a la lucha armada. Partidos situados a la izquierda del PCE, como la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista o la Organización Revolucionaria de Trabajadores, convivieron con agentes encubiertos que se matriculaban en facultades universitarias o accedían a puestos de trabajo industriales bajo identidades de cobertura, con el objetivo de integrarse en comités de célula y confeccionar listados de militantes.
El movimiento obrero recibió una atención similar. Comisiones Obreras, desde su gestación en los enlaces sindicales del Sindicato Vertical franquista, estuvo bajo vigilancia constante de la Brigada Político-Social y después del SECED. Una vez legalizadas las centrales sindicales en abril de 1977, el CESID mantuvo micrófonos y pinchazos telefónicos en varias sedes sindicales. Las asociaciones de vecinos de las grandes áreas metropolitanas y los comités universitarios y asociaciones culturales recibieron un tratamiento equivalente: informes internos del SECED muestran una atención constante a la composición política de sus juntas directivas.
Los métodos: dos tipos de infiltrado
Los testimonios y la documentación disponible sobre este periodo permiten distinguir dos perfiles de agentes introducidos en las organizaciones vigiladas. El primero era el agente encubierto de plantilla: funcionarios de policía o militares adscritos al SECED o al CESID que asumían durante meses o años una identidad falsa, con documentación fabricada en los propios talleres de la Dirección General de Seguridad. El segundo era el confidente retribuido: militantes o simpatizantes de organizaciones radicales que, tras ser detenidos, aceptaban colaborar a cambio de impunidad o de gratificaciones económicas pagadas con fondos reservados.
A ambos tipos de infiltración se sumó el desarrollo de tecnología de escuchas. El CESID mantuvo un servicio especializado en la intervención de líneas telefónicas de dirigentes políticos y sindicales, y una sección técnica dedicada a monitorizar las frecuencias de radioaficionados que ETA y los GRAPO empleaban para comunicarse con sus apoyos logísticos en el sur de Francia. Junto a la escucha, hubo también intoxicación deliberada: agentes infiltrados en la dirección de organizaciones revolucionarias alimentaron divisiones internas, acusando a dirigentes legítimos de revisionistas con el objetivo de fragmentar los grupos en facciones inoperantes.
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La falta de una depuración real en los servicios de seguridad tras la Constitución de 1978 tuvo consecuencias que se prolongaron mucho más allá de la Transición. Parte de las estructuras y agentes formados en estos años de infiltración pasaron a integrar, en la década siguiente, la trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que entre 1983 y 1987 asesinó a una treintena de personas en la llamada guerra sucia contra ETA.
En 1995, el diario El Mundo destapó el escándalo de las escuchas ilegales del CESID: durante años, el servicio de inteligencia había grabado sin autorización judicial a empresarios, políticos y periodistas. El episodio demostró que los protocolos de vigilancia interior levantados durante la Transición no habían desaparecido con la democracia. Habían encontrado, simplemente, nuevos objetivos.
El legado: de las cloacas de la Transición a las escuchas del CESID
La falta de una depuración real en los servicios de seguridad tras la Constitución de 1978 tuvo consecuencias que se prolongaron mucho más allá de la Transición. Parte de las estructuras y agentes formados en estos años de infiltración pasaron a integrar, en la década siguiente, la trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que entre 1983 y 1987 asesinó a una treintena de personas en la llamada guerra sucia contra ETA.
En 1995, el diario El Mundo destapó el escándalo de las escuchas ilegales del CESID: durante años, el servicio de inteligencia había grabado sin autorización judicial a empresarios, políticos y periodistas. El episodio demostró que los protocolos de vigilancia interior levantados durante la Transición no habían desaparecido con la democracia. Habían encontrado, simplemente, nuevos objetivos.
Por qué importa contarlo así
El relato habitual de la Transición reserva un lugar de honor a la negociación, el consenso y la generosidad de una clase política que decidió mirar hacia adelante. Todo eso ocurrió. Pero ocurrió mientras un aparato de vigilancia heredado del franquismo, sin depurar y sin control parlamentario real, decidía qué disidencia era tolerable y cuál debía ser neutralizada, dentro y fuera de la legalidad.
Contar la Transición sin esa vigilancia constante es contarla sin uno de los mecanismos que hicieron posible su propio ritmo: quién pudo organizarse libremente y quién tuvo que hacerlo sabiendo que un compañero de célula podía ser, en realidad, un confidente pagado con fondos reservados.
La historia que no te contaron no desaparece. Solo espera a que alguien se atreva a contarla.
¿Te ha resultado interesante? Comparte este artículo y cuéntanos en los comentarios: ¿conocías el alcance de la infiltración policial sobre la izquierda democrática durante la Transición? ¿Crees que España ha hecho un balance honesto de este capítulo de su historia reciente?
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