Perspectiva Global esta publicando una nueva serie de Historia dedicada a la Transición española, los años que llevaron al país de la dictadura franquista a la democracia. Las primeras entregas abordan episodios que el relato modélico de la Transición suele dejar en la sombra: la violencia sistemática de la extrema derecha contra la oposición democrática, la infiltración de los servicios de seguridad del Estado en partidos y sindicatos, los Pactos de la Moncloa que sostuvieron el proceso desde el terreno económico y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una Transición que se cuenta habitualmente como ejemplo de consenso pacífico, pero que estuvo atravesada por el miedo y por conspiraciones que rara vez se explican con el detalle que merecen.
La Transición española se cuenta habitualmente como un tránsito pacífico y consensuado hacia la democracia. Entre 1975 y 1982 murieron en España varias decenas de personas a manos de grupos de extrema derecha, con la connivencia documentada de mandos policiales y miembros de los Servicios de Información que la transición dejó intactos. Ese dato no encaja en el relato modélico, y por eso rara vez se cuenta con el detalle que merece.
Un relato que necesita matices
La imagen de la Transición como un proceso ejemplar, construido sobre el consenso y el diálogo entre adversarios, tiene una parte de verdad. También tiene un punto ciego. Entre la muerte de Franco en 1975 y el golpe de Estado fallido de 1981, decenas de personas murieron en España a manos de grupos de extrema derecha. Las cifras varían según la fuente y el criterio de conteo, entre poco más de sesenta y cerca de un centenar de víctimas. Ninguna coincide con la imagen de una transición sin sangre.
Lo que distingue este terrorismo de otros episodios de violencia política del periodo no es solo su cifra de víctimas. Es su relación con el propio aparato del Estado. Buena parte de los mandos policiales que habían ejercido la represión política durante el franquismo continuaron en sus puestos tras la muerte del dictador, sin depuración ni revisión de sus métodos. Y, como muestra el caso que ocupa buena parte de este artículo, esa connivencia no se quedó en los despachos: llegó a incluir a un presunto sargento de la Guardia Civil que suministraba explosivos a un comando ultraderechista responsable de más de una decena de atentados, entre ellos uno contra la sede de la propia Asociación Pro Derechos Humanos de España, en aquella epoca tenia el honor de ser su Secretario General.
La policía que no abrazo la llegada de la democracia
Cuando Franco murió, España no experimentó una depuración de sus cuerpos de seguridad comparable a la de otros procesos de democratización. La Brigada Político-Social, el cuerpo policial especializado en la represión de la disidencia durante la dictadura, se disolvió formalmente en 1976. Sus miembros no.
El caso de Roberto Conesa resume esa continuidad con precisión incómoda. Jefe de la Brigada Político-Social en sus últimos años, formado por la CIA en técnicas de sabotaje y anticomunismo durante un viaje a Washington, Conesa pasó tras la disolución del cuerpo a dirigir la Brigada Central de Información, encargada de la lucha antiterrorista contra ETA y el GRAPO. En 1977 recibió la Medalla de Oro al Mérito Policial del propio Gobierno de la naciente democracia. Murió en 1994 sin haber respondido judicialmente por los métodos que había empleado durante décadas. Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, uno de los torturadores más denunciados de la Brigada, continuó también su carrera bajo el mando de Conesa hasta bien entrada la democracia.
Esta continuidad se sostuvo sobre dos pilares legales. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 mantuvo clasificada durante décadas la documentación sobre operaciones encubiertas de los servicios de información del franquismo y de sus sucesores democráticos, el Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED) y el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Y la Ley de Amnistía de 1977, pensada para liberar a los presos políticos de la oposición antifranquista, funcionó también, en la práctica, como un escudo para los funcionarios públicos implicados en torturas y abusos cometidos en el ejercicio de sus cargos.
Ninguna de las dos leyes fue diseñada explícitamente para proteger a policías torturadores o a colaboradores de tramas ultraderechistas. Pero su efecto combinado fue precisamente ese.
Una nebulosa de siglas con un discurso común
La extrema derecha española de la Transición no operó como una organización única y jerarquizada, sino como una constelación de grupos con nombres distintos y vínculos frecuentes entre sí: la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), los Guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Español, el Frente de la Juventud (escindido en 1978 de Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar). Historiadores como Paloma Aguilar, Santos Juliá, Charles Powell, Javier Rodrigo o David Alegre Losada han documentado cómo estos colectivos compartían un repertorio discursivo centrado en la defensa del orden frente al marxismo y en la denuncia de una supuesta traición a los valores del régimen anterior.
El Frente de la Juventud es el mejor ejemplo de hasta dónde llegó esa violencia y de lo profundamente que se entrelazó con el propio aparato del Estado. Merece un caso aparte.
El expediente que lo conecta casi todo
En enero de 1978 empezó a operar en Madrid un comando ultraderechista que, en apenas tres años y medio, protagonizaría una decena de atentados con explosivos, dos asesinatos y varios intentos de homicidio. Sus autores materiales, Rafael Gómez Álvarez y Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata, entonces veinteañeros, actuaban bajo el paraguas político de José de las Heras Hurtado, abogado y presidente del Frente de la Juventud, descrito en la prensa de la época como confidente de la policía franquista.
La lista de objetivos, reconstruida a partir del sumario judicial, empieza con dos librerías (Fórum y Express, enero de 1978) y la sede de la CNT, y continúa con el Boletín Oficial del Estado, el chalé de los cantantes Víctor Manuel y Ana Belén en Torrelodones y la cafetería Colmenar. El 30 de octubre de 1978 llega el atentado más conocido del grupo: una carta bomba en la redacción de El País mata al conserje Andrés Fraguas, de diecinueve años, y hiere gravemente a Juan Antonio Sampedro, que pierde la mano izquierda, y a Carlos Barranco.
El 10 de marzo de 1979 el objetivo es la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, entonces en la calle Lista (hoy José Ortega y Gasset), en Madrid. La investigación policial catalogó este ataque, junto con otros de la misma época, como parte de una campaña de hostigamiento contra organizaciones de izquierda y de derechos humanos, más que como un intento de causar víctimas. No las hubo en esta ocasión. Sí las hubo, y graves, en los atentados que siguieron.
El 14 de julio de 1979, un artefacto con varios kilos de goma 2 estalla pasada la medianoche junto al bar El Parnasillo, en el madrileño barrio de Malasaña, frecuentado por letrados de Comisiones Obreras. Muere Salomé Alonso Varela, de veintiocho años, y resulta herido de gravedad su marido, el abogado Jesús Cañedo. Otras nueve personas sufren heridas. El 26 de enero de 1980, un paquete bomba entregado días antes en el Club de Amigos de la Unesco estalla cuando sus responsables, Luis Enrique Esteban Barahona y María Dolores Martínez Ayuso, abren la correspondencia durante la junta anual de la entidad. A él le amputan la mano izquierda. Ella pierde la visión de ambos ojos.
En 1981 la violencia se vuelve más directamente racista y letal. El 23 de febrero, mientras Tejero tomaba el Congreso, un miembro del grupo entra pistola en mano en la discoteca Aleko's y dispara contra el joven portugués Avelino María Costa gritando consignas racistas; el disparo le causa heridas graves. El 7 de junio matan a Carlos Javier Idígoras Navarrete, al que consideraban drogadicto. El 5 de julio matan al mendigo Luis Arribas Santamaría mientras dormía en un banco. El 18 de julio, una bomba en la plaza de Olavide hiere a seis personas. El 26 de julio disparan contra Félix Sanz Arroyo, que sobrevive tras casi diez meses de recuperación.
Agapito, el sargento que nunca tuvo nombre
La policía desarticuló el grupo a finales de julio de 1981. En los interrogatorios posteriores apareció un dato que ninguna investigación consiguió cerrar: los detenidos declararon que buena parte de los explosivos y detonadores utilizados en los atentados procedía de un hombre que se identificaba como sargento de la Guardia Civil, destinado en el Parque de Automovilismo del cuerpo, al que conocían únicamente por el alias de Agapito. Los encuentros con él, según las declaraciones policiales, se producían siempre en lugares públicos. Agapito no fue nunca identificado, procesado ni condenado.
El contacto entre Agapito y el comando se hacía a través de un intermediario civil, Tomás Antón Torregrosa, de cincuenta y siete años, detenido en Santa Pola. Torregrosa suministraba también explosivos, detonadores eléctricos y mechas, al margen de un negocio propio: intentó, sin éxito, que el grupo incendiara un edificio de su propiedad en Elche donde tenía su sede local Fuerza Nueva, para cobrar el seguro y levantar una construcción nueva en el solar. En la madrugada del 29 de julio de 1981, mientras esperaba para prestar declaración, Torregrosa murió al caer desde una ventana de la Dirección General de Seguridad. Con él desapareció el único testigo que podía haber puesto nombre y apellidos a Agapito.
Sin ese testimonio, la investigación llegó hasta donde pudo llegar: confirmó que el material explosivo procedía de almacenes militares regulados y que existía un contacto dentro de la Guardia Civil, pero no pudo convertir un alias en un procesado. Es exactamente el tipo de vacío que separa lo que se sabe de lo que se pudo probar en un tribunal, y que explica buena parte de la sensación de impunidad que rodea a este periodo.
Los juicios, las condenas y una fuga de tres décadas
La Audiencia Nacional procesó en octubre de 1982 a seis miembros del grupo. En febrero de 1983, Gómez Álvarez y Rodríguez-Borlado fueron condenados a treinta años de prisión cada uno por el atentado contra El País. En enero de 1984 llegó el turno de los atentados de Malasaña, el Club de la Unesco, la Asociación pro Derechos Humanos y los asesinatos de Idígoras y Arribas Santamaría: la fiscalía pidió ciento setenta y nueve años para Gómez Álvarez, ochenta y uno para Rodríguez-Borlado y seis para De las Heras, acusado de haber puesto en contacto al comando con quien les facilitó los explosivos.
De las Heras no llegó a sentarse en el banquillo. El día en que debía comenzar el juicio, no compareció. Había huido de España, dejando en Madrid a su mujer y a sus dos hijos, de nueve y cinco años, y a los clientes de su despacho de abogados. Viajó vía Portugal hasta Río de Janeiro. La Audiencia Nacional ordenó su busca y captura; nunca fue detenido. Su última orden internacional de detención, por asesinato, prescribió en 2013. El País lo localizó en 2016 en un suburbio de São Paulo, donde llevaba tres décadas viviendo sin que nadie lo buscara. En la entrevista, sin arrepentimiento alguno, afirmó no arrepentirse de su fuga.
El Tribunal Supremo revisó las condenas en julio de 1985 y las elevó: setenta y tres años para Gómez Álvarez, cincuenta para Rodríguez-Borlado. El alto tribunal reclasificó además la muerte de Salomé Alonso Varela, de homicidio a asesinato, y aumentó de uno a diez años la pena por el atentado contra la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos, aceptando un recurso presentado por la propia asociación, que había actuado como acusación particular en el proceso. Sumadas todas las penas, Gómez Álvarez acumuló ciento tres años de reclusión y Rodríguez-Borlado ochenta, aunque la legislación vigente entonces limitaba a treinta años el cumplimiento efectivo.
Rastros de complicidad
El caso de Agapito no es una anécdota aislada. Es la ilustración más concreta de un patrón que historiadores especializados en el periodo han documentado con distinto grado de detalle según el caso: vínculos entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las tramas ultraderechistas, acceso a listados de activistas de izquierda, ralentización deliberada de investigaciones y, en algunos sumarios, pérdida o destrucción de pruebas materiales que nunca se explicó satisfactoriamente.
Existe además una línea de investigación, sostenida por un número limitado de autores (entre ellos el historiador suizo Daniele Ganser) y por testimonios de antiguos militares italianos y españoles ofrecidos a partir de 1990, que vincula al SECED con la red Stay Behind de la OTAN, conocida como Gladio: una estructura clandestina prevista para operar en caso de invasión soviética que, según esta tesis, sirvió también para proteger y entrenar a grupos neofascistas en el sur de Europa.
Es una hipótesis seria, respaldada por declaraciones de exmilitares y por la confirmada presencia en España de terroristas de extrema derecha italianos como Stefano Delle Chiaie durante esos años. El propio De las Heras reconoció haber tejido, como secretario general de Fuerza Nueva, una red de contactos con la extrema derecha europea y latinoamericana, y llegó a Brasil con cartas de recomendación para residir bajo la protección de las dictaduras de Pinochet y Stroessner, el mismo circuito que utilizaron otros ultraderechistas huidos de la justicia española. Pero la conexión Gladio en sí no es un hecho históricamente cerrado ni documentado con archivos españoles desclasificados, y conviene tratarla como lo que es: una pista de investigación abierta, no una conclusión establecida.
La respuesta que sí funcionó
Frente a esa complicidad institucional, la sociedad civil organizada cumplió un papel que los libros de texto tienden a minimizar. La Asociación Pro Derechos Humanos de España, fundada en 1976 como primera organización de este tipo en el país, documentó torturas en comisarías como la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, denunció la pasividad policial ante los atentados ultraderechistas y ejerció la acusación particular en varios de estos procesos, incluido el que terminó elevando a diez años la pena por el atentado contra su propia sede.
Esa batalla legal recayó en un grupo de abogados con una larga trayectoria en la resistencia antifranquista. Cristina Almeida ejerció la acusación particular en el caso de la matanza de Atocha, del despacho que sufrió el ataque más conocido de todo este periodo. Jaime Sartorius, que había defendido a los dirigentes de Comisiones Obreras en el proceso 1001, asumió también la acusación particular contra los asesinos de los abogados de Atocha. Junto a ellos, otros juristas como José María Mohedano, Manuel Ollé Sesé, entre otros, sostuvieron, la misma tradición de litigio en defensa de los derechos humanos frente a la extrema derecha y el aparato represivo del Estado.
Por qué importa contarlo así
Nada de esto reduce el mérito real del proceso de Transición ni el logro colectivo que supuso construir una democracia sobre las ruinas de cuarenta años de dictadura. Pero contar ese proceso sin sus muertos, sin sus policías impunes, sin su sargento sin nombre y sin sus leyes convertidas en escudo es contar solo la mitad de la historia. La Transición no fue pacífica porque nadie quiso usar la violencia. Fue relativamente pacífica porque una parte del aparato del Estado toleró, encubrió o directamente facilitó la violencia de quienes querían frenarla, y aun así la democracia salió adelante.
Entender esa distinción no es un ejercicio de revisionismo. Es la condición necesaria para que la memoria de las víctimas, las de Atocha, las de El País, las de El Parnasillo y tantas otras, deje de ser una nota a pie de página en el relato de la Transición y ocupe el lugar que le corresponde en él.
La historia que no te contaron no desaparece. Solo espera a que alguien se atreva a contarla.
¿Te ha resultado interesante? Comparte este artículo y cuéntanos en los comentarios: ¿conocías la magnitud del terrorismo de extrema derecha durante la Transición? ¿Crees que la memoria democrática española le ha dado el lugar que merece a estas víctimas?
En las próximas entradas de esta serie hablaremos de los Pactos de la Moncloa, el golpe del 23-F, entre otros temas relacionados con la Transición española.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios a esta entrada