El 20 de noviembre de 1542, en Barcelona, el imperio más poderoso del mundo hizo algo que ningún imperio había hecho antes: promulgó una ley para proteger a los pueblos que estaba conquistando. Las Leyes Nuevas de Carlos I no resolvieron el problema que pretendían resolver. Pero reconocieron, por primera vez y con fuerza legal, que había un problema que resolver. Lo que ocurrió después es una lección sobre la distancia que separa las buenas intenciones del poder de la realidad de quienes lo sufren.
Un imperio con la conciencia inquieta
Para entender las Leyes Nuevas hay que entender primero el clima intelectual de la España de Carlos I.
El imperio español de mediados del siglo XVI no vivía cómodo con su propia empresa colonial. Era una sociedad atravesada por debates apasionados sobre la legitimidad de la conquista, los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones morales de los cristianos hacia los pueblos que sometían. Esos debates no se quedaban en los monasterios ni en las aulas universitarias. Llegaban a la corte, influían en los consejeros del rey y generaban una presión política real sobre las decisiones de gobierno.
Tres factores convergieron para hacer posibles las Leyes Nuevas:
La campaña de Bartolomé de las Casas. Durante décadas, Las Casas presentó memoriales al rey y documentó con detalle las atrocidades del sistema colonial. También debatió en la corte, con una insistencia que acabó dando resultado. Su influencia sobre Carlos I era real: el rey lo recibía en audiencia y leía sus escritos, aunque no siempre actuara con la rapidez que Las Casas exigía. Ver entrada anterior: Bartolomé de las Casas: el hombre que se atrevió a desafiar un Imperio.
La Escuela de Salamanca. Los teólogos y juristas de la Universidad de Salamanca, en especial Francisco de Vitoria, habían desarrollado argumentos filosóficos sobre los derechos naturales de los indígenas que cuestionaban la legitimidad jurídica de la conquista. Sus Relectiones circulaban en copias manuscritas por toda Europa y habían creado un consenso intelectual sobre la necesidad de reformar el sistema colonial.
Los intereses políticos de la Corona. Carlos I tenía razones propias para limitar el poder de los encomenderos, y esas razones tenían menos que ver con la justicia que con la política. Los conquistadores se habían convertido en una aristocracia colonial con poder económico y militar propio que amenazaba la autoridad directa de la Corona sobre sus territorios americanos. Las Leyes Nuevas eran también, vistas así, un instrumento para centralizar el poder imperial frente a unas élites coloniales cada vez más independientes.
Lo que las leyes decían
Las Leyes Nuevas fueron un conjunto de cuarenta ordenanzas que reformaban en profundidad el gobierno colonial. Sus disposiciones más importantes eran cuatro.
La abolición de la esclavitud indígena
La ley establecía que ningún indígena podía ser esclavizado, bajo ninguna circunstancia. La disposición incluía a los capturados en guerra, que hasta entonces podían ser legalmente esclavizados como esclavos de rescate.
Era una medida revolucionaria para su tiempo. La esclavitud era una institución aceptada en todo el mundo del siglo XVI, practicada por prácticamente todas las civilizaciones. Que una potencia colonial declarara ilegal la esclavitud de los pueblos que conquistaba no tenía precedentes.
La limitación de las encomiendas
Las encomiendas, el sistema por el que los colonos españoles recibían el derecho a exigir trabajo o tributo a los indígenas de una zona determinada, quedaban severamente restringidas. Ningún funcionario real, clérigo, monasterio u hospital podía tener encomiendas. Las existentes dejaban de ser hereditarias: a la muerte del encomendero, los indígenas pasaban directamente a la Corona. Y se prohibía ampliar el número de indígenas asignados a cada encomienda.
Esta última disposición era la más radical de todas. Significaba que el sistema de encomiendas estaba condenado a extinguirse en una sola generación.
La protección legal de los indígenas
Las leyes reconocían a los indígenas como vasallos libres de la Corona, con los mismos derechos legales básicos que cualquier súbdito español. Podían acudir a los tribunales y presentar quejas contra sus encomenderos. Sobre el papel, la protección de las autoridades reales quedaba a su alcance. Se creó además la figura del Protector de Indios, un funcionario cuya misión era defender esos derechos ante los tribunales.
La reforma de la administración colonial
Las leyes reorganizaban el gobierno de las Indias. Creaban nuevas audiencias, es decir, tribunales de justicia, entre ellas la de Lima. Y reforzaban la autoridad de los virreyes frente a los encomenderos, empezando por el recién creado virreinato del Perú.
 |
| La balanza de la autolimitación: el nacimiento de un precedente |
Cuando el Imperio se dobló
La reacción de los encomenderos fue inmediata y organizada. En algunos territorios, además, violenta.
La rebelión de Gonzalo Pizarro en Perú
La resistencia más dramática ocurrió en el virreinato del Perú. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador Francisco Pizarro, se puso al frente de los encomenderos rebeldes. Sus fuerzas derrotaron y ejecutaron al primer virrey del Perú, Blasco Núñez Vela, que había intentado aplicar las Leyes Nuevas con rigor. Fue la primera vez en la historia del imperio que un representante directo del rey moría a manos de colonos sublevados.
La rebelión duró cuatro años, entre 1544 y 1548, y estuvo a punto de convertirse en una independencia de facto del Perú. Solo la hábil gestión del enviado real Pedro de la Gasca, que ofreció amnistía a los rebeldes dispuestos a rendirse y prometió suavizar la aplicación de las leyes, logró restablecer la autoridad imperial. Gonzalo Pizarro fue derrotado en la batalla de Jaquijahuana en 1548 y ejecutado por traición.
La resistencia en Nueva España
En el virreinato de Nueva España la resistencia fue menos violenta pero igualmente eficaz. Los encomenderos enviaron delegaciones a la corte, contrataron abogados que impugnaban la legalidad de las leyes y presionaron a los funcionarios locales para que no las aplicaran. El virrey Antonio de Mendoza, uno de los administradores más capaces del imperio, optó por una lentitud calculada: estaba convencido de que una aplicación rápida produciría la misma rebelión que ya se extendía por el Perú.
La derogación parcial
Ante la magnitud de la resistencia, Carlos I cedió. El 20 de octubre de 1545, hallándose en Malinas, revocó la disposición más radical: la que prohibía la herencia de las encomiendas.
Fue una derrota significativa para los reformadores. Las Casas, que había contribuido de forma decisiva a la promulgación de las leyes, vivió la marcha atrás como una traición. Poco después abandonó Chiapas, la diócesis que ocupaba como obispo desde 1544, y regresó a España decidido a continuar la lucha desde la corte. No presentaría la renuncia formal a su cargo hasta 1550, pero en la práctica nunca volvió a pisar América.
 |
| La quiebra del mandato: rebelión colonial y claudicación imperial |
¿Fracasaron las Leyes Nuevas?
La respuesta fácil es sí. Las disposiciones más radicales fueron derogadas o nunca llegaron a aplicarse. El sistema de encomiendas continuó. La explotación de los indígenas no cesó.
Esa respuesta fácil pierde de vista algo importante.
La esclavitud indígena quedó abolida en principio, y aunque la práctica continuó de formas encubiertas, la prohibición legal tuvo efectos reales a largo plazo: defender públicamente la esclavitud indígena resultaba mucho más difícil después de 1542 que antes. El marco legal de protección se mantuvo: los indígenas tenían ahora derechos reconocidos que podían invocar ante los tribunales, derechos frecuentemente ignorados en la práctica pero cuya sola existencia formal abría posibilidades de resistencia y apelación que antes no existían. Y el debate intelectual quedó institucionalizado: las Leyes Nuevas reconocían implícitamente que los indígenas tenían derechos que el Estado estaba obligado a proteger, un reconocimiento que se convertiría en punto de partida para debates posteriores, entre ellos el de Valladolid, ocho años más tarde. Ver entrada anterior: El Debate de Valladolid: cuando Europa se preguntó si todos los seres humanos eran iguales
La lección estructural
Las Leyes Nuevas ilustran una tensión que reaparece en toda la historia de las reformas sociales: la distancia entre lo que el poder central quiere hacer y lo que los poderes locales están dispuestos a aceptar.
Carlos I quería reformar el sistema colonial. Pero los encomenderos controlaban el territorio y la economía americana, y tenían el poder de resistir esa reforma. Cuando la resistencia se organizó, la Corona cedió, porque necesitaba la cooperación de los encomenderos para que el imperio siguiera funcionando. Es una lección que la historia repetiría muchas veces: las reformas que amenazan los intereses de quienes concentran el poder económico real rara vez se aplican en su totalidad, con independencia de la voluntad de quienes las promulgan.
Más allá del fracaso
Las Leyes Nuevas dejaron un legado que trasciende su fracaso práctico.
Por primera vez en la historia del colonialismo moderno, una potencia imperial reconoció oficialmente que los pueblos colonizados tenían derechos que el Estado colonizador estaba obligado a respetar. Ese reconocimiento, imperfectamente aplicado, sentó un precedente jurídico que pesaría en el desarrollo posterior del derecho internacional.
Las contradicciones entre los principios de las leyes y la realidad de su aplicación hicieron además inevitable una pregunta filosófica de fondo: si los indígenas tenían derechos reconocidos por la ley, ¿por qué los tenían? ¿Cuál era el fundamento de su dignidad como personas? Esa pregunta, formulada con todo su rigor en Valladolid en 1550, produjo los argumentos de Las Casas sobre la dignidad universal de todos los seres humanos, argumentos que se anticiparon en siglos a principios que hoy consideramos elementales del derecho internacional. ver
Los juristas y teólogos de la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria y Domingo de Soto a la cabeza, construyeron sobre estos debates una teoría del derecho natural. Buena parte de la historiografía sostiene que esa tradición, continuada más tarde por Francisco Suárez, alimentó de forma directa el pensamiento de Hugo Grocio, considerado el padre del derecho internacional moderno. Otros historiadores matizan esa línea de influencia directa. Lo que resulta difícil discutir es que España debatió en el siglo XVI preguntas que Europa tardaría siglos en formular con la misma claridad.
El valor de los principios imperfectamente aplicados
Las Leyes Nuevas fueron un fracaso relativo. Pero fueron también algo más: la primera vez que un imperio reconoció oficialmente que los pueblos que conquistaba tenían derechos merecedores de protección legal.
Ese reconocimiento era insuficiente. Era hipócrita en varios aspectos. Servía tanto a los intereses políticos de la Corona como a las convicciones morales de los reformadores. Y sin embargo importó, porque los principios, aunque se apliquen mal, crean precedentes. Y los precedentes, acumulados con el tiempo, cambian lo que resulta pensable y lo que resulta exigible.
Pero las leyes desataron también algo que sus redactores no habían previsto en toda su magnitud: la respuesta armada de quienes tenían más que perder. Esa respuesta, y lo que la Corona estuvo dispuesta a ceder para sofocarla, es una historia aparte, y no menos instructiva.
La historia que no te contaron no desaparece. Solo espera a que alguien se atreva a contarla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios a esta entrada